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Columnas
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Los productores cañeros torpemente levantaron el 12 de Guadalupe, Virgen y Madre Nuestra, la suspensión de entregas de caña a los ingenios del país y que habían iniciado el 16 de noviembre, después que el ejecutivo federal, de manera arbitraria y sin tomar en cuenta la competencia que enfrentarán los industriales nacionales en los precios del azúcar y en el costo de la caña contra los ingenios norteamericanos, decretó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un incremento del 6 % en el precio de la caña. Aunque los productores cañeros pedían un incremento en el precio de la zafra del 8.24 %, el incremento otorgado del 6 % les pareció más que bueno “milagroso”, ya que los industriales sólo les ofrecían un 3.25 %, luego lo concedido por un “figurado” Gobierno Cardenista que reparte lo ajeno, constituye todo un “Embuste Guadalupano” que quedará en los anales de la historia azucarera como una de las más lamentables equivocaciones de los líderes cañeros. No entienda Usted Sr Lector, que con este pronunciamiento de mi parte lo criticable sea el porcentaje otorgado a los cañeros, que muchos apuros sufren; sino el hecho criticable que el Gobierno no esta cumpliendo cabalmente con su obligación de velar por el desarrollo sustentable de la agroindustria y, que implica el compromiso de cuidar la buena marcha económica de todos los actores de la agroindustria, y eso es precisamente lo que no esta haciendo con la medida con los industriales azucareros. Resulta que el costo de la caña que tienen los ingenios norteamericanos es inferior al costo de la caña nacional por las grandes subvenciones gubernamentales que reciben los agrícolas cañeros y remolacheros, y que les permite vender sus cultivos más baratos a los industriales azucareros; luego estos últimos, al tener costos más bajos en su materia prima, en las tarifas de energía eléctrica, en su carga tributaria, y en las prestaciones que conceden a sus obreros, pueden comercializar y exportar el azúcar a menores precios que los ingenios nacionales. Los industriales agotados con el poco entendimiento de los líderes cañeros de los efectos en el muy corto plazo de incrementar los precios de la caña “aceptaron con reservas” la nueva imposición gubernamental del decreto del precio de la caña. Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, refirió que su gremio pidió en todo momento al Gobierno que se considerara el costo de la vara y del azúcar en Estados Unidos, dado que son más bajos, y porque a partir del 1 de enero se abrirá la frontera en el marco del TLCAN y refirió que el precio de referencia decretado por el Gobierno no considera esos elementos. La Secretaría de Economía, a través del DOF, estableció el precio de referencia de la tonelada de azúcar en $ 6,356 pesos, de los cuales el 57 % corresponde al productor cañero. Cortina Gallardo afirmó que los ingenios nacionales no cuentan con recursos para pagar el ajuste del 6 % a los cañeros y que representa unos $ 1,200 millones de Pesos adicionales en costo para la industria, a lo que agregó que como industria tienen que ver cuáles son las diferentes medidas legales que pueden tener a su alcance para inconformarse o para solventarlo; el punto es que necesitan ordenar el mercado y tener reglas claras. Al respecto del decreto del precio en el DOF refirió que el amparo es una opción a contemplar, pero no arregla el problema de fondo, aunque no está descartada esta medida legal. En la zafra pasada los ingenios vendieron el saco con 50 kilos de azúcar en un promedio de $300 pesos al mayoreo, pero ahora ha caído a $ 270 pesos, ante el incremento de las importaciones que han inundado el mercado, luego el margen de los ingenios bajado y con el incremento decretado al industrial se le golpea más en lo financiero. Analizando las posibilidades de los industriales ante la amenaza del precio decretado en el DOF para sus negocios; es de esperarse que si se deciden a ir por el amparo, a todas las entregas y anticipos de dinero que hagan referencia al nuevo precio se les disponga con sello de goma la leyenda: “Pago bajo protesta” o “Pago sujeto a revisión final al cierre de zafra”, o más bien algo como: “Pago o anticipo a cuenta de compras de caña sujetas al precio final de la caña que se determinará al cierre de zafra de conformidad con la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”. Ciertamente el precio final del azúcar ponderado de la zafra se vendrá abajo, y resultará que en las preliquidaciones les han pagado una cantidad mayor a la que debieran en términos de la propia Ley, luego esto es una arma de doble filo para los cañeros. El peligro radica en que los líderes de los productores cañeros han dejado libre al Gobierno de asegurarles un precio de garantía o un precio fijo de indiferencia, y aunque ciertamente se haya publicado un precio del azúcar base estándar para la determinación del precio de la caña con un 6% de incremento sobre la zafra anterior, nadie les asegura que bajo la mecánica de la propia Ley Cañera el precio ponderado del azúcar no se les desplome sobre el considerado en el DOF y resulte que al término de la zafra les salgan debiendo a los industriales y no reciban dinero en las liquidaciones finales sino que tengan un monto de pasivos que no podrán liquidarles. En este asunto el error neurálgico capitalizado por el Gobierno fue que los Productores Cañeros no hicieron equipo con los Industriales Azucareros para demostrar al Gobierno Mexicano que ciertamente el Precio de la Caña LAB Ingenios en los EEUU es más bajo, y que ellos como Productores Cañeros requerían al menos de un incremento del 4% para absorber la inflación interna en sus costos. Luego la diferencia del precio de la caña entre países por el efecto de las subvenciones diferenciales a los agrícolas en los EEUU, debería de haber sido cubierta por el Gobierno Mexicano mediante una subvención compensatoria a los Productores Cañeros, tal que éstos a su vez pudieran venderle a los ingenios nacionales la caña al precio a que la consiguen los ingenios norteamericanos, asegurando así la competitividad de los industriales nacionales en el precio del azúcar para no perder el mercado interno a manos de los yankees. Así se hubieran asegurado también de no poner en peligro (como lo hicieron) las zafras venideras al carecer de compradores, y ya no les afectaría tanto la caída de los precios del azúcar en la determinación final del precio de la caña al cierre de zafra. Luego el aparente “dulce que les dio el Gobierno” y que yo más bien lo llamaría “El Embuste Guadalupano”, atenta contra la sustentabilidad de los industriales y del sector obrero durante la zafra, y al fin de la misma contra su propia sustentabilidad, ya que en desplomándose los precios del azúcar en el mercado interno la misma Ley se revertirá en su contra en la determinación del precio final de la caña. Esto es, que perversamente el Gobierno los puso “de puntas” contra los industriales para que se fueran con la “finta” de la concesión del incremento del precio del 6 % y que se les convertirá sin duda en polvo y humo al cierre de zafra. Lázaro Arias, Secretario de Finanzas de la C N C, “inocentemente” refirió que aceptaron el 6% en lugar del 8.24% que solicitaban porque además el Gobierno destinará 100 Mp de pesos a los Cañeros para mitigar los daños que se pudieran haber generado con el retraso de la zafra. Añadió que también lo aceptaron porque el Gobierno se comprometió a crear una política azucarera que controle el contrabando, con lo que se comprueba que el Gobierno astutamente con esas insignificancias de dinero y la promesa que serán menos corruptos le bastó para evadirse de la obligación de Ley de velar por el desarrollo sustentable de la agroindustria en su conjunto y sobre todo de estar atentos de impedir la existencia de desventajas competitivas estructurales que pongan en riesgo a los actores de la agroindustria, y en su caso empatar las subvenciones existentes entrambos países para salvaguardar la buena marcha de la agroindustria en su conjunto, cosa que no hicieron. En este problema tan serio en el que dejaron solos a los industriales, la solución de los industriales no se vislumbra por el lado de ampararse contra el precio publicado en el DOF, sino ampararse contra la ineptitud de las autoridades que gobiernan a la agroindustria azucarera, y el no cumplimiento de su parte como rector de la agroindustria, y de presentar de inmediato una queja en los mismos organismos previstos por la Ley Cañera y de los cuales el Gobierno es juez y parte desgraciadamente. Por ello, inmersos en esta romería de intereses egoístas y de un Gobierno que no desea salvar a la Agroindustria de los efectos nocivos del TLCAN, no nos extrañe el porque San Nicolás fue vendido, ni porque Santos haya cedido la mitad de su negocio a una corporación norteamericana, y así muchos, como Sáenz, y el Arq. De la Vega; y es que simplemente el mal Gobierno de Poncio Pilatos les ha dejado una granada en medio de sus campos cañeros, al tiempo se darán cuenta y despertarán del embuste Guadalupano.
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