Análisis a Fondo

* Chihuahua encabeza el listado de las entidades más inseguras del país

* esfuerzos inconsistentes e intermitentes de las políticas de seguridad

Por Francisco GÓMEZ MAZA

El más reciente Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, realizado por CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo), dado a conocer por Consulta Mitofsky, ha revelado que la delincuencia en México se ha estabilizado en niveles inquietantes. La lucha del Estado contra el crimen organizado y la espiral de violencia e impunidad, que caracteriza las confrontaciones de los grupos delictivos, son temas que predominan en la opinión pública.

Durante 2008, el número de denuncias recibidas mostró un aumento del 5.7% respecto al año anterior, pasando de 1, 622,304 denuncias en 2007 a 1, 714,771 en 2008; esto, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Sin embargo, es importante considerar que encuestas de victimización estiman que, del total de delitos cometidos, sólo el 21% se reporta a la autoridad y, de ellos, únicamente en 13% de los casos se inició una averiguación previa. Chihuahua encabeza el listado de las entidades más inseguras del país. Casi una de cada tres ejecuciones registradas en el país se cometieron en esa entidad federativa; su número total de homicidios lo sitúa como uno de las regiones más violentas del mundo. También es de las entidades con mayor número de robo de vehículos. De acuerdo con el SNSP en Chihuahua, el 1.7% del parque vehicular fue robado el año pasado; es decir, de cada mil vehículos fueron robados 17.

Baja California y Sinaloa se mantienen altos por su gran cantidad de homicidios, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Sinaloa es la segunda entidad federativa con más homicidios intencionales. Baja California es la entidad donde mayor proporción del parque vehicular es robado (1.8%). El Estado de México aparece en tercer lugar porque tiene una tasa de homicidios muy alta; es una entidad que ocupa las primeras posiciones en robo de vehículo (de hecho es la más alta en números absolutos: 27,643) y también la encuesta de victimización del ICESI la ubicó como una de las tres entidades federativas en las que más delitos se cometieron. El Distrito Federal se mantiene en los primeros lugares del índice, principalmente, en virtud de que el ICESI la ubica, con mucho (más de 60% de incidencia per cápita más que el segundo lugar de incidencia), como la entidad federativa donde más delitos se cometen, con una incidencia delictiva de aproximadamente 2 millones 250 mil delitos, casi el 23% de los 9.85 millones de delitos que se cometieron en el país, de acuerdo con dicha encuesta. En lo que se refiere a homicidios y ejecuciones por cada 100 mil habitantes se encuentran por debajo de la media nacional y en robo de vehículos apenas por encima de la media. Guerrero y Oaxaca ocupan las posiciones sexta y séptima del índice debido a sus altas tasas de homicidios, mismos que se presentan principalmente en el ámbito rural. Para el caso de Guerrero, contribuyen también las ejecuciones que se vinculan con la presencia del crimen organizado en el estado.

El total de homicidios disminuyó en México durante 2008, registrándose 11, 306. Sin embargo, usualmente las cifras preliminares se van incrementando en la medida en que las procuradurías de los estados van publicando sus cifras definitivas. Así por ejemplo, las cifras preliminares del SNSP para 2007 indicaban que se habrían cometido en el país en ese año 10, 249 homicidios; al aparecer las cifras finales de las procuradurías, los homicidios registrados para ese año sumaron en el país 11, 767, un 15% por arriba de las cifras preliminares. De confirmarse esta tendencia de incremento al publicarse las cifras definitivas, el número de homicidios registrados podría estar alrededor de 13 mil, unos 12.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo. En México, son 10 las entidades que se elevan inquietantemente de la media nacional. En un solo año las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunos estados se alteraron dramáticamente. Chihuahua pasó de 18.5 homicidios por cada 100 mil habitantes a 47.1 en tan sólo doce meses. Sinaloa mantuvo una tendencia alarmante pasando de 28 a 29.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. En estos dos estados se cometió uno de cada cinco homicidios registrados en todo el país durante el año pasado. Hasta 2004, cuando las ejecuciones transformaron el mapa de la violencia en México, las mayores tasas de homicidios se registraban en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Uno de cada cuatro homicidios ocurría en una de esas tres entidades y tenían que ver con un fuerte componente de violencia rural. A partir de 2000, en esas tres entidades ha bajado consistentemente la incidencia de homicidios, y si bien aún se mantienen en niveles lejanos a lo deseable, su reducción es muy significativa. Oaxaca presentó en 2000, 54 homicidios por cada 100 mil habitantes y era la entidad federativa con más homicidios, en tanto que en 2008 ese indicador es de 17.8, 67% menos que ocho años atrás, aunque todavía permanece en quinto lugar entre los estados más violentos del país.

La incidencia que presenta México en materia de homicidio intencional es muy inferior a la registrada en países como El Salvador o Sudáfrica; sin embargo, sigue manteniendo a México entre los países con más altos niveles de violencia. En un listado de 115 países para los que el CIDAC ha reunido información sobre el indicador de homicidios por cada 100 mil habitantes, México aparece en el lugar 16. Incluso países que recientemente experimentaron conflictos armados muestran tasas de homicidios inferiores a la de México. Las regiones del mundo con mayor incidencia de homicidios intencionales son el Sur de África, seguido de Latinoamérica. En los últimos tres lustros el tema de la inseguridad ciudadana ha preocupado y ocupado a la sociedad y a las autoridades del país. A partir de 1994 la incidencia delictiva se incrementó y dejó al descubierto muchas insuficiencias y deficiencias de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y sanción de los delitos. En estos quince años, no se ha logrado atacar los más graves problemas que plantea la seguridad ciudadana y la justicia penal: inexistencia de una visión integral y que dé énfasis a la prevención; falta de profesionalización de las policías y de los agentes encargados de procurar e impartir justicia; un proceso penal sin transparencia con discrecionalidad y corrupción, así como una elevadísima impunidad que llega al 98.3% (la probabilidad de que una persona cometa un delito en México y sea puesto a disposición de un juez es de 1.7%). Debido a los esfuerzos inconsistentes e intermitentes de las políticas de seguridad no se ha logrado fortalecer a las instituciones, y el crimen ha avanzado. Actualmente se experimenta una espiral de violencia e impunidad en la operación del crimen organizado y el gobierno ha recurrido a la militarización de las políticas de seguridad. El ejército ha sustituido a las policías hasta en sus tareas más elementales como el patrullaje y cada vez son más frecuentes la detección de vínculos entre el crimen y las autoridades policíacas encargadas de combatirlo. Las fuerzas armadas, inmersas en una lógica del enemigo y con una estricta orientación jerárquica, no cuentan con la preparación para brindar un servicio público como el de seguridad; lo que debería ser el último recurso de la sociedad, se ha convertido, en muchos frentes, en el primer rostro del Estado para víctimas y usuarios de los sistemas de justicia.

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