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Columnas
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Blindó el señor Vicente Fox la impunidad familiar horas antes de entregar la Banda Presidencial en la residencia Los Pinos. Heredó así, la corrupción en la Procuraduría General de la República. Y se premiaron a los funcionarios protagonistas con nuevos cargos de jugosos emolumentos por el actual presidente panista, Felipe Calderón. Elementos que hacen dudar, cuando menos, de los buenos deseos en la retórica del mandatario mexicano, sobre que está construyendo “lo que sirva a todos los mexicanos”, si se considera que la impunidad en la aplicación de la justicia deteriora el principio democrático de una nación en creciente empobrecimiento y desesperanza. Con base en la denuncia pública del presidente de la Comisión que Investiga la Legalidad de los Contratos de Entidades Públicas con la empresa Construcciones Prácticas en la Cámara de Diputados, Elías Cárdenas del Partido Convergencia, se confirmó el particular estilo de administrar del primer empleado de las transnacionales hecho presidente. El legislador recibió apenas el nueve de julio, la respuesta a su solicitud a la PGR sobre el avance de la investigación sobre los hijastros del residente del Rancho San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, denunciados en tiempo y forma por la Comisión de la Cámara Baja. La respuesta oficial señala que se acordó “el no ejercicio de la acción penal” el 29 de noviembre de 2006, sobre la averiguación previa número 59 y en otro oficio se amparó la PGR en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para informar al Poder Legislativo sobre otra denuncia presentada. Visto así, el fiscal de la Nación, Daniel Cabeza de Vaca y su subalterno, el hidrocálido Felipe de Jesús Muñoz Vázquez habrían acordado la anulación de la averiguación previa sin considerar los elementos de prueba presentados por el Poder Legislativo, en donde se sospecha la intervención del entonces presidente Vicente Fox. Se complementó la maniobra con ignorar el derecho de los denunciantes para conocer ese acuerdo y que pudiesen interponer los instrumentos jurídicos correspondientes. Podría decirse que es una costumbre someterse al poder político, por lo menos en el señor Muñoz Vázquez. En 2001 la Editorial la Casa de Orión presentó una denuncia de hechos en la PGR para defender sus derechos sobre el título de la revista Arcano que se violentaron por el señor Homero Cárdenas Garza, vinculado a los intereses del priísta Emilio Gamboa. El entonces Director de Ministerios Públicos Federales Especializados, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez hizo una apología del que llamó “el señor Emilio Gamboa Patrón” y sus empleados: Alberto Begné Guerra y Jorge Carlos Díaz Cuervo. Sugirió al representante de la quejosa, el retiro de la denuncia “porque te puede hacer papilla”. Se cambió de agente del ministerio público y se citaba después de las 12 de la noche a la confirmación de las declaraciones judiciales. Con peritajes amañados y la complacencia del panista José Luis Durán Reveles, subsecretario de Gobernación, quien ordenó la inacción de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, en enero de 2003 se le dio carpetazo a la denuncia… sin notificarle a los ofendidos, como lo ordena la ley. Una basta experiencia en servir a los intereses de poderosos contra los legítimos derechos de los mexicanos y que sin lugar a dudas, su actuación en el caso de los hijastros del señor Vicente Fox, le mereció el reconocimiento a su esfuerzo para ser ascendido el 14 de marzo de 2007, se dijo que por acuerdo del Presidente Felipe Calderón. Ahora, el hidrocálido Felipe de Jesús, como subprocurador de Delitos Federales de la PGR del señor Eduardo Medina Mora, es visible cual es la línea de la impartición de la justicia, en donde se continuará el deterioro de la confianza social en sus administradores que ponen en alto riesgo a la democracia para construir el reino de los impunes. |
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À Correo: :altuzar@arcanorevista.com
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